Javier Ahumada cuestionó la Ley Penal Juvenil: “Retrotrae a etapas que creíamos superadas”

El subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia de La Rioja, Javier Ahumada, cuestionó con dureza distintos aspectos de la nueva Ley Penal Juvenil y advirtió que su implementación podría significar un retroceso en materia de derechos humanos. Además, defendió el modelo de abordaje que desarrolla la provincia, basado en la prevención, el acompañamiento familiar y las medidas socioeducativas antes que en la privación de la libertad.

En diálogo con Radio La Torre, el funcionario brindó detalles sobre la agenda de dos días que desarrollaron en La Rioja representantes de la Defensoría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en el marco del monitoreo de la implementación de la Ley Penal Juvenil en las distintas jurisdicciones del país.

Durante el encuentro participaron autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto al gobernador Ricardo Quintela, la vicegobernadora, integrantes del gabinete provincial y las representantes nacionales Gloria Bonato e Ivana Carmona.

Según explicó Ahumada, el objetivo fue analizar los alcances de la nueva normativa, sus implicancias y las respuestas que deben construir las distintas áreas del Estado para abordar las situaciones de adolescentes en conflicto con la ley penal.

En ese sentido, sostuvo que la respuesta debe ser integral y tener como ejes principales las medidas socioeducativas y el interés superior del adolescente.

Al analizar la situación provincial, Ahumada destacó que La Rioja presenta una baja incidencia de delitos protagonizados por adolescentes, una característica que consideró una oportunidad para desarrollar una implementación de la normativa con especial atención al respeto de los derechos humanos.

El funcionario señaló que, pese a las objeciones que distintos organismos plantearon durante el tratamiento legislativo, la provincia buscará construir una respuesta que respete los estándares internacionales de protección de las infancias y adolescencias.

En contraposición con una perspectiva centrada en la privación de la libertad, defendió el trabajo preventivo mediante la educación, el deporte, la cultura y la participación comunitaria. “Nosotros vamos por otro camino, que es el camino que se venía transitando desde la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Ley Nacional de Protección Integral, como la ley provincial y todo el marco normativo”, explicó.

También mencionó las inversiones provinciales en educación, deporte y cultura como herramientas fundamentales para prevenir situaciones de conflictividad.

Ahumada detalló que la provincia cuenta con un dispositivo penal juvenil de acompañamiento y supervisión territorial que trabaja con adolescentes involucrados en procesos judiciales.

Como referencia, indicó que durante los últimos tres años pasaron por ese dispositivo un promedio de 20 adolescentes, con procesos de acompañamiento que se extienden entre seis meses y un año.

El abordaje es interdisciplinario e involucra tanto al adolescente como a su entorno familiar, con el propósito de recuperar trayectorias educativas y promover la incorporación a actividades deportivas y culturales.

En cuanto a los resultados, destacó que el 80% de los adolescentes que participaron del dispositivo atravesaban su primer contacto con el sistema penal. “Trabajar con ellos en esa edad, de esa manera, y con la familia contribuye a que vuelvan a una trayectoria educativa, que se incorporen a alguna actividad deportiva, cultural”, señaló.

Para el funcionario, el objetivo es que los adolescentes puedan comprender su lugar como ciudadanos, conocer sus derechos y obligaciones y aprender a respetar los derechos de los demás.

Uno de los cuestionamientos más contundentes de Ahumada estuvo dirigido al proceso de elaboración y aprobación de la Ley Penal Juvenil.

El subsecretario aseguró que desde la provincia manifestaron su disconformidad con el proyecto y que trasladaron sus objeciones a través de los representantes legislativos.

En particular, recordó que mantuvieron reuniones con la diputada Gabriela Pedrali para explicar los motivos por los cuales consideraban que la normativa no debía aprobarse en los términos propuestos.

Ahumada cuestionó que una legislación de semejante importancia haya sido sancionada durante sesiones extraordinarias del Congreso, con escaso margen para un debate profundo y sin atender los planteos de especialistas y organismos vinculados con la temática. “Las personas que pudieron ir a exponer en encuestas y audiencias públicas fueron todas desoídas”, afirmó.

También señaló que la Defensoría Nacional, UNICEF y distintas instituciones especializadas habían presentado observaciones y planteos ante el Congreso.

Para el funcionario, las falencias no solamente se encuentran en la falta de consulta, sino también en los aspectos técnicos de la normativa. “La técnica legislativa utilizada para la redacción de esta ley es muy mala”, cuestionó.

Entre los aspectos que considera más preocupantes, Ahumada mencionó que la nueva legislación recupera criterios vinculados con la peligrosidad de las personas, que consideró superados dentro de la evolución del derecho penal.

Explicó que esta perspectiva podría dejar en manos de jueces y equipos técnicos la determinación de si un adolescente investigado puede llegar a cometer un delito en el futuro.

En ese sentido, marcó una diferencia con el principio del derecho penal de acto, que establece que una persona debe ser juzgada por los hechos que cometió y no por lo que podría hacer o por sus características personales. “Te vamos a castigar no por lo que hiciste, que es lo que sucede para los adultos, sino por la persona que yo soy”, advirtió al describir los riesgos que observa en la normativa.

También consideró especialmente grave que en materia penal existan conceptos, plazos o criterios sujetos a interpretaciones discrecionales.

Para Ahumada, este tipo de disposiciones pueden generar situaciones de inseguridad jurídica y afectar los derechos de los adolescentes sometidos a procesos judiciales.

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el impacto del tratamiento mediático y político de la problemática de la delincuencia juvenil.

Ahumada sostuvo que desde el Gobierno nacional y los medios de comunicación se instaló una agenda que, a su entender, no representa necesariamente la realidad de todas las provincias. “Acá nosotros lo que vemos son los medios nacionales en su mayoría, y es lo que pareciera que pasa en todo el país, y realmente no pasa eso en todo el país”, expresó.

Además, cuestionó la magnificación de los hechos delictivos protagonizados por adolescentes y consideró que esa exposición contribuye a generar rechazo social y consenso alrededor de políticas más punitivas.

En ese contexto, advirtió sobre los riesgos de extender la intervención penal a situaciones que podrían resolverse mediante el diálogo, la intervención familiar y los mecanismos de convivencia escolar.

Como ejemplo, mencionó que una situación de daño dentro de una escuela, como rayar una mesa, podría llegar a ser considerada un delito y derivar en una denuncia. “Expandir el derecho penal a esas áreas donde todo debería resolverse bajo los antiguos conocidos códigos de convivencia, con el diálogo, con la familia, con el sistema educativo, es muy peligroso”, sostuvo.

También alertó sobre las consecuencias que puede tener para un adolescente quedar involucrado en un proceso penal, especialmente por el estigma social que esa situación puede generar.

Al finalizar, Ahumada defendió nuevamente el modelo de intervención que sostiene la provincia y convocó a profundizar las políticas de prevención y acompañamiento.

Explicó que el objetivo es fortalecer el diálogo, la gestión de conflictos en el ámbito educativo y el trabajo conjunto con las familias y la comunidad. “La idea no es criminalizar, es concientizar, es trabajar y generar ciudadanía en nuestros adolescentes”, remarcó.

Finalmente, sostuvo que muchas situaciones protagonizadas por jóvenes pueden encontrar una solución pacífica sin necesidad de recurrir al aparato represivo del Estado.