Cuarta denuncia contra Alexis Aguilar: aseguran que una joven lo grabó mientras la espiaba por un ventiluz

Una nueva denuncia profundizó la situación procesal de Alexis Aguilar, imputado en la causa que investiga la colocación de cámaras en un complejo de departamentos destinado al alquiler de estudiantes en La Rioja.

Así lo confirmó en diálogo con Radio La Torre el abogado Sergio Gómez, matrícula profesional N° 2040, quien representa a tres de las jóvenes involucradas y señaló que una cuarta víctima se presentó espontáneamente ante la Justicia para denunciar un episodio diferente a los investigados inicialmente.

Según explicó Gómez, esta nueva denunciante no tenía relación con las otras jóvenes y tampoco las conocía. La mujer habría relatado que, desde el año pasado, advertía situaciones en las que alguien intentaba observarla a través del ventiluz del baño de su departamento.

El abogado sostuvo que la joven habría identificado a Aguilar en una de esas oportunidades y que, posteriormente, logró registrar un video en el que, según su relato, se observa al imputado mirando por el ventiluz mientras ella se encontraba en el baño. “En este caso, es distinto”, explicó Gómez al diferenciar este episodio de la investigación vinculada con las cámaras. A su entender, aunque el mecanismo denunciado sería diferente, existiría un patrón común relacionado con el acceso a la privacidad y la intimidad de las jóvenes.

Una cuarta imputación
Gómez indicó que, a raíz de esta presentación, Aguilar fue imputado por un cuarto hecho y posteriormente indagado. Según informó, el acusado decidió abstenerse de declarar.

El abogado también relató otro episodio incorporado a la denuncia. De acuerdo con lo expuesto por la joven, luego de ausentarse durante aproximadamente un mes y regresar a La Rioja, advirtió que le faltaban distintos elementos de cocina de su departamento.

Siempre según el relato transmitido por Gómez, la joven se comunicó con Aguilar y con la esposa de este. El abogado sostuvo que la mujer le habría reconocido que Aguilar había ingresado al departamento sin autorización para retirar determinados objetos.

Para Gómez, ese episodio demostraría que Aguilar tenía acceso a los departamentos y podía ingresar y salir de ellos.

La investigación por las cámaras
El abogado también afirmó que la investigación sobre las cámaras avanzó considerablemente durante la última semana y que se realizaron pericias sobre distintos elementos secuestrados durante el procedimiento.

Según su explicación, se incautaron cámaras de seguridad, memorias y dispositivos que estaban en el domicilio de Aguilar.

Gómez señaló que inicialmente el imputado habría manifestado desconocer cómo habían llegado las cámaras y las imágenes al lugar, atribuyendo la posibilidad de acceso a otras personas que ingresaban al domicilio para realizar reparaciones.

Sin embargo, de acuerdo con el abogado, esa explicación habría quedado comprometida a partir de la pericia informática. “Encontraron carpetas ordenadas” con filmaciones de las jóvenes en situaciones de intimidad, sostuvo Gómez. Según agregó, esas carpetas aparecían almacenadas junto a otras que contenían fotografías de la vida personal y familiar de Aguilar.

Para el representante de las denunciantes, ese elemento constituye un dato objetivo que contradice la explicación inicial brindada por el imputado.

El impacto psicológico en las denunciantes

Gómez sostuvo además que las consecuencias de los episodios denunciados excederían el ámbito estrictamente judicial y tendrían impacto en la vida cotidiana de las jóvenes.

Según explicó, profesionales de la psicología ya habrían intervenido y evaluado a algunas de las víctimas. El abogado señaló que se debería analizar si existe un daño en la salud mental y si, eventualmente, corresponde una imputación adicional por lesiones.

En ese sentido, manifestó que algunas de las jóvenes habrían experimentado dificultades en su rendimiento académico, sus relaciones interpersonales, la posibilidad de establecer vínculos afectivos y hasta en el uso de sus propios espacios privados.

Gómez consideró que la Fiscalía deberá evaluar esos elementos a partir de las pruebas incorporadas a la causa.

El complejo continúa alquilándose
Otro de los puntos planteados por el abogado fue que los departamentos vinculados a la investigación continuarían siendo ofrecidos en alquiler.

Según relató, una de las denunciantes le habría enviado recientemente una captura de pantalla en la que observaba una promoción de los departamentos a través de un familiar de Aguilar.

Gómez explicó que, mientras no exista una condena firme, rige el principio de inocencia y la Justicia no puede simplemente impedirle al imputado obtener ingresos mediante el alquiler de los inmuebles sin una decisión judicial que lo justifique.

Al mismo tiempo, planteó una discusión sobre el equilibrio entre las garantías del acusado y la protección de las personas denunciantes. “Estamos hablando de un patrón de conducta”, sostuvo el abogado, quien consideró que la aparición de una cuarta denunciante vuelve todavía más relevante la necesidad de avanzar con rapidez en la investigación.

Gómez pidió acelerar la causa
El abogado insistió en que el expediente todavía se encuentra en una etapa de investigación y recolección de pruebas y que aún no se llegó a un juicio oral y público.

Por ese motivo, remarcó la necesidad de imprimirle “especial prioridad” al expediente para determinar qué ocurrió, establecer responsabilidades y definir si corresponde elevar la causa a una instancia de juicio.

Gómez subrayó que, mientras las víctimas continúan atravesando las consecuencias que atribuyen a los hechos denunciados, la investigación debe avanzar para esclarecer los episodios y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.

El caso Federico Luna: cuestionamientos por su nueva excarcelación
Durante la entrevista, Gómez también se refirió a la situación procesal de Federico Luna, imputado en la causa por el crimen de Trinidad Ruarte, y cuestionó la decisión judicial que volvió a otorgarle la libertad.

El abogado aclaró que respeta las decisiones de los tribunales, aunque sostuvo que la familia de la víctima tiene motivos para expresar incertidumbre y desconcierto frente al cambio de criterio adoptado en pocos días.

Según explicó, inicialmente se había considerado que Luna había incumplido una de las condiciones impuestas para permanecer en libertad: la prohibición de salir de la provincia sin autorización.

Gómez señaló que el argumento de la defensa fue que Luna había viajado por motivos laborales, ya que trabajaba en el sector minero. Sin embargo, sostuvo que el punto central no era el motivo del viaje sino el supuesto incumplimiento de una regla judicial que establecía que no podía abandonar la provincia sin autorización.

El abogado indicó que, a partir de ese incumplimiento, el martes se había dispuesto revocar el beneficio, mientras que el viernes el tribunal volvió a concederle la libertad.

Gómez cuestionó especialmente esa diferencia de criterio. Afirmó que, desde su perspectiva, si una persona tiene una regla de conducta impuesta judicialmente y la incumple, la consecuencia debería guardar proporción con esa transgresión.

También explicó que la defensa presentó un escrito que, técnicamente, no habría sido una solicitud de excarcelación. Sin embargo, el tribunal habría entendido que debía garantizarse el derecho de defensa y decidió tratar esa presentación como un pedido de excarcelación.

Según relató Gómez, finalmente se resolvió que Luna recuperara la libertad bajo las mismas condiciones generales que tenía anteriormente, aunque con una nueva obligación: presentarse a firmar todos los días lunes antes de las 8 de la mañana.

El abogado remarcó que Luna puede salir de la provincia si obtiene la autorización correspondiente, pero cuestionó que previamente lo hubiera hecho sin permiso.

Otro aspecto que Gómez consideró relevante fue que Luna no debía declarar ese día, sino estar presente en una audiencia del proceso.

El abogado sostuvo que la ausencia provocó que el procedimiento judicial tuviera que adaptarse a esa situación.

En ese contexto, planteó su discrepancia con la decisión posterior de volver a concederle la libertad y consideró que el incumplimiento de una regla de conducta debía ser valorado especialmente porque una de las condiciones para mantener el beneficio es no obstaculizar ni frustrar el desarrollo del proceso.

Gómez insistió en que el dato que considera objetivo es que Luna salió de la provincia sin autorización y que, pese a ello, días después recuperó nuevamente la libertad.

La causa continuará ahora bajo las condiciones establecidas por el tribunal, mientras que la investigación por la muerte de Trinidad Ruarte sigue su curso.