La sociedad argentina asiste con indignación a un nuevo crimen que conmueve por su brutalidad. Sin embargo, detrás de la conmoción hay una realidad incómoda: estos hechos no ocurren en el vacío. Se producen en un contexto donde las políticas de prevención, protección y acompañamiento a víctimas de violencia han perdido centralidad en la agenda pública nacional.
Se dice femicidio
Agostina Vega tenía 14 años.
Y quizás el primer acto de justicia que le debemos sea dejar de llamarla "menor" para nombrarla como lo que era: una niña. Una adolescente que tenía toda una vida por delante y que hoy es el rostro más doloroso de un fracaso que no es solamente individual ni judicial. Es también el fracaso de un Estado que, una vez más, llegó tarde.
Porque cuando una niña aparece asesinada, la pregunta no debe limitarse a quién la mató. La pregunta también debe ser quiénes no hicieron lo suficiente para evitarlo.
La sociedad argentina asiste con indignación a un nuevo crimen que conmueve por su brutalidad. Sin embargo, detrás de la conmoción hay una realidad incómoda: estos hechos no ocurren en el vacío. Se producen en un contexto donde las políticas de prevención, protección y acompañamiento a víctimas de violencia han perdido centralidad en la agenda pública nacional.
Mientras los discursos oficiales hablan de eficiencia, ajuste y reducción del gasto, miles de mujeres, adolescentes y niñas quedan cada vez más expuestas ante situaciones de vulnerabilidad. Se eliminan programas, se desmantelan estructuras específicas de asistencia y se transmite el mensaje de que la violencia de género es un problema secundario o una construcción ideológica. La realidad, lamentablemente, responde con nombres propios. Y uno de esos nombres es Agostina.
No se trata de utilizar una tragedia para hacer política partidaria. Se trata de entender que las decisiones políticas tienen consecuencias concretas sobre la vida de las personas.
Cuando el Estado retrocede en prevención, alguien queda más desprotegido.
Cuando desaparecen equipos especializados, alguien queda sin asistencia.
Cuando se minimizan las denuncias de violencia de género, alguien deja de ser escuchado.
Cuando se reducen los recursos destinados a la protección de niñas y adolescentes, alguien queda más expuesto frente a sus agresores.
Y cuando todo eso ocurre simultáneamente, las tragedias dejan de ser hechos aislados para transformarse en síntomas de un problema mucho más profundo.
El reclamo que hoy crece en Córdoba no apunta únicamente contra el presunto asesino. También interpela a una Justicia que deberá explicar por qué una persona con antecedentes graves recuperó la libertad. Interpela a las instituciones que no lograron detectar o prevenir el riesgo. Pero también interpela a un Gobierno nacional que decidió retirar al Estado de áreas sensibles precisamente cuando más se necesitaban mecanismos de protección.
La seguridad no consiste solamente en llenar discursos de mano dura. La verdadera seguridad comienza cuando una niña puede vivir sin miedo, cuando una familia sabe que existe una red institucional capaz de actuar antes de que sea demasiado tarde y cuando las víctimas encuentran respuestas en lugar de indiferencia.
Por eso resulta imposible analizar el caso Agostina sin observar el contexto. Porque detrás de cada femicidio consumado existe una cadena de omisiones, alertas ignoradas y responsabilidades compartidas. El agresor es quien ejecuta el crimen. Pero la ausencia estatal crea las condiciones para que muchas violencias avancen sin control hasta desembocar en la peor consecuencia posible.
Algunos discutirán si corresponde hablar de femicidio. La Justicia determinará la calificación penal definitiva. Pero para la sociedad hay una verdad evidente: una niña de 14 años fue asesinada por un hombre adulto. Y ese hecho expresa una relación de poder tan brutal como desigual.
Se dice femicidio porque no estamos frente a una simple muerte.
Se dice femicidio porque existe una víctima mujer, adolescente y vulnerable.
Se dice femicidio porque la violencia contra mujeres y niñas sigue cobrando vidas mientras sectores del poder político insisten en negar o relativizar el problema.
Y se dice femicidio porque detrás de cada nombre hay una advertencia que el Estado no puede seguir ignorando.
Agostina debería estar viva.
Su familia no debería estar atravesando este dolor.
Y la Argentina no debería acostumbrarse a llorar niñas asesinadas mientras los gobiernos discuten presupuestos, competencias o relatos ideológicos.
Una sociedad se mide por la manera en que protege a los más vulnerables. Cuando una niña de 14 años desaparece, es asesinada y aparece sin vida después de una búsqueda desesperada, no alcanza con señalar al responsable directo. También corresponde mirar hacia quienes tenían la obligación de construir un Estado capaz de prevenir, proteger y actuar.
Porque cuando el Estado se retira, otros ocupan ese vacío.
Y muchas veces ese vacío termina teniendo el rostro de una víctima.
Hoy ese rostro es el de Agostina.
