Polémica en la UNLaR: el Consejo Superior aprobó el cobro de trámites y generó fuerte repudio estudiantil y gremial

En una decisión polémica, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Rioja, aprobó el cobro de diversos trámites administrativos, incluyendo certificados, diplomas y colaciones privadas, pese al fuerte rechazo de estudiantes, movimientos universitarios y la Centrales de Trabajadores de la Argentina - Autónoma y de los Trabajadores que defienden la gratuidad de la educación pública.

La medida, formalizada mediante la Resolución Rectoral N° 873 y gestionada por el Secretario General Carlos Mediavilla, actualiza los valores establecidos en la anterior Resolución No 655/2025. Entre los montos más relevantes figuran:

• Certificación de firma de autoridad: $5.000
• Trámite de certificación de materias rendidas: $16.000
• Expedición de diploma original (pregrado, grado y posgrado): $60.000
• Expedición de duplicado de diploma y/o analítico: $80.000

INFORMES

• Solicitud de colación privada: $120.000
• Envío de documentación para certificación ante la Secretaría de Educación de la Nación (Apostilla - SIDCer): $120.000

Por su parte además, estudiantes repudiaron la medida expresando la "profunda preocupación" ante la exigencia del comprobante de pago como requisito de inscripción y exigió información clara sobre el fundamento legal de los cobros la obligatoriedad del pago y el destino de los fondos recaudados.

Asimismo, resaltaron: "Desde la Secretaría estudiantil de la UNLAR anunciaron que ahora aspirantes a las carreras de grado y pregrado debían pagar como requisito obligatorio 15 mil pesos para poder iniciar su cursada". "Esto está justificando a partir de la necesidad de elaborar certificaciones y trámites administrativos. El problema es que es una violación al Artículo 1 de nuestro Estatuto Universitario", exclamamos, y denunciaron: "Esto nunca se modificó ni se puso en común en ningún órgano de decisión colectiva".

Del mismo modo detalló que la última vez que la universidad tuvo aranceles fue durante la gestión de Tello Roldan, que fue destituido después de la toma del año 2013 iniciada por estudiantes riojanos. "Fabián Calderón siguió con el arancelamiento un año más hasta que pudo cambiar el Estatuto Universitario, y desde ese momento ningún riojano volvió a pagar algo por estudiar”.

En la misma línea, la Asamblea UNLaR, integrada por estudiantes, denunció que la medida contradice los principios fundantes de la universidad y la gratuidad de la educación pública, señalando que es 'inadmisible que la misma rectora que hace un mes marchaba en defensa de la educación pública hoy firme resoluciones que mercantilizan los trámites académicos", Convocaron a docentes, no docentes y a toda la comunidad riojana a pronunciarse públicamente en contra de la medida.

La controversia se refuerza al considerar el marco legal que garantiza la gratuidad de la educación en Argentina:

•  La Ley de Educación Superior (LES) N◦ 24.521, modificada por la Ley 27.204, establece en su Artículo 2° bis que los estudios de grado en instituciones estatales son gratuitos, "sin poder establecer gravámenes, tasas, impuestos, aranceles o tarifas directos o indirectos"
• La Ley 24.195, en su Artículo 39, garantiza la gratuidad en los servicios estatales de todos los niveles y regímenes especiales.
• La Ley 1420, en su Artículo 2, establece la educación primaria obligatoria y gratuita

A esta postura se suman las Centrales de Trabajadores de la Argentina Autónoma y de los Trabajadores (CTA-A y CTA-T), que emitieron un comunicado en el que repudian "enérgicamente" el cobro de trámites estudiantiles y califican la medida como un arancelamiento encubierto. En su pronunciamiento, afirman que la acción viola la LES N 24.521 y constituye "un grave retroceso en los derechos conquistados por el pueblo argentino".

"Convertir derechos en mercancía es atentar contra los valores democráticos, la igualdad de oportunidades y el mandato histórico de la universidad reformista", señaló el gremio, y exigen "la inmediata revisión y anulación de cualquier disposición que implique el cobro de aranceles o tasas a estudiantes", reafirmando su compromiso con una UNLaR pública, gratuita, inclusiva y al servicio del pueblo

 A pesar del rechazo, el Consejo Superior aprobó por mayoría la implementación del cobro de los trámites administrativos, consolidando la medida y generando un debate intenso sobre los límites de la gestión universitaria frente al principio constitucional y legal de gratuidad en la educación pública