Pedro Goyochea: “El estado de derecho no puede ser reemplazado por el mercado”

El asesor general de gobierno, Pedro Goyochea, manifestó sus grandes expectativas en que en tiempo perentorio la Corte Suprema de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad del mega DNU de Javier Milei. Calificó al decreto de un “salvajismo jurídico sin precedentes” que pone en riesgo el estado de derecho en la Argentina.

El funcionario explicó que “A nivel nacional, la provincia de La Rioja es la única que ha planteado en competencia originaria, un pedido declarativo de certeza y una medida cautelar sobre el decreto 70/2023 a los fines de que la Corte se pronuncie en lo formal, y también en la cuestión de fondo, que consiste en declarar inconstitucional el decreto, de nulidad absoluta y de manera insanable”. 

En función de una demanda que plantea el estado de La Rioja contra el estado nacional, la Corte ha aceptado que hay razones para que ese organismo actúe y el procurador general de la Nación encontró motivos suficientes para que la Corte se pronuncie ya que se trata de intereses de naturaleza federal”. 

Habida cuenta de que el DNU está vigente y generando efectos jurídicos, se le preguntó sobre los tiempos que cree, demandará una decisión del máximo órgano judicial del país; y respondió que “La corte nos ha informado que está en su poder. No tiene una fecha para pronunciarse, pero sabemos que a partir de la acordada realizada, no bien terminada la feria, se va a expedir de una manera próxima”.

DECLARACIONES DE ROSATTI

Cuando se le recordó al funcionario sobre ciertas expresiones públicas del presidente de la Corte que podían interpretarse como un posicionamiento en favor de la inconstitucionalidad, Goyochea precisó que “Ya accedí a un reportaje realizado por el periodista (Carlos) Pagni. Lo que plantea en esa nota el doctor Rosatti –dijo-- es de carácter conceptual y doctrinario, no hizo mención de manera puntual al decreto. El esa oportunidad, dijo que deben concurrir dos circunstancias que es precisamente el de que haya urgencia y que sea absolutamente necesaria la norma, que en la mayoría de los casos no concurren en las decisiones que este decreto contiene”. 

“En cuanto a la jurisprudencia –explicó el funcionario-- hay un decreto del expresidente Menem y otro de la ex presidenta Cristina Fernández, que fueron declarados inconstitucionales por haber superado el criterio de la razonabilidad, porque se legisló de forma general y no particular como lo exigen este tipo de normas. Quiere decir que los antecedentes están; y además, en su carácter doctrinario y académico, todos los juristas argentinos han coincidido en que estamos frente a un caso de ostensible inconstitucionalidad porque avanza sobre códigos como Civil y Comercial, Aeronáutico y Tributario, que están expresamente reservados a la órbita del Congreso de la Nación”. 

Goyochea no omitió dar su opinión sobre el decreto 70/2023 y fue contundente: “Yo lo he definido –dijo--  como un salvajismo jurídico sin precedentes, y que pone en riesgo el estado de derecho que debe preservar la Corte Suprema de Justicia, porque el estado de derecho no puede ser reemplazado por el mercado”.

CRECIENTE INFLUENCIA DEL CONGRESO

Finalmente, se mostró esperanzado en que sea también rechazado en el Congreso, al tiempo de dejó una interesante visión sobre el rol, cada vez más gravitante del Poder legislativo argentino en los últimos años. “Yo creo que el Congreso, desde el año 2015, --razonó-- comenzó a tener un protagonismo central en la conformación de la democracia en nuestro país, a pesar de que tenemos un marcado sistema presidencialista, a raíz desde que, desde el 2015 no se han podido conformar mayorías, sino primeras minorías en el congreso.

Esto, obliga al presidente de turno –precisó-- a desarrollar una agenda parlamentaria que le permita gobernar. El liderazgo futuro de la argentina –remató-- tiene que ser un liderazgo parlamentario. Un claro efecto de esto –ejemplificó Goyochea--  lo sufrió Alberto Fernández, que no pudo lograr que la telefonía fuera un servicio esencial. No pudo tampoco cubrir la bacante de la Corte Suprema por no tener el acuerdo en el senado; y tampoco pudo completar la reforma judicial que tuvo media sanción y no pudo consolidarse en el senado. Hoy, la ley ómnibus del presidente Milei corrió la misma suerte. De manera que el gobierno necesita tener un oído en el Congreso. El actual presidente que de manera grosera embiste contra uno de los poderes centrales de la democracia deberá comprender que para gobernar habrá que lograr los mínimos consensos”. Concluyó