“Nos tratan como delincuentes”: fuerte rechazo a las reformas en discapacidad impulsadas por el Gobierno nacional

En medio de la polémica por las reformas impulsadas por el Gobierno nacional en materia de discapacidad, la abogada y referente de inclusión social Samira Mitre lanzó duras críticas y alertó sobre las consecuencias que podrían generar en miles de personas.

“Lo primero que hacen es tratar a la discapacidad de delincuentes”, sostuvo, al cuestionar el enfoque oficial que, según indicó, parte de la premisa de que existe un número significativo de beneficiarios que acceden a pensiones sin cumplir los requisitos.

Mitre, quien además convive con una discapacidad desde la infancia, remarcó que este tipo de planteos no solo estigmatizan al sector, sino que desconocen el proceso histórico de ampliación de derechos. En ese sentido, recordó que las políticas implementadas desde 2003 permitieron avanzar en el reconocimiento y la inclusión, en línea con tratados internacionales que garantizan una vida digna para las personas con discapacidad.

Uno de los puntos más críticos que señaló es la posible modificación en el sistema de prestaciones. Según explicó, la iniciativa permitiría que cada obra social determine los valores de cobertura, lo que generaría fuertes desigualdades. “Vamos a tener argentinos de primera y de cuarta”, advirtió.

Además, cuestionó la incompatibilidad entre pensión y empleo que se plantea en las reformas. “Una persona con discapacidad también necesita trabajar. La discapacidad es cara, implica costos adicionales en transporte, tratamientos y vida cotidiana”, afirmó, al subrayar que las actuales pensiones no alcanzan para cubrir esas necesidades.

Mitre también alertó sobre el impacto social que podrían tener estas medidas, en un contexto donde la falta de oportunidades ya genera situaciones de vulnerabilidad. En ese marco, llamó a la organización colectiva: “Tenemos que unirnos, dejar la comodidad y defender los derechos que se supo conseguir”.

A nivel nacional, indicó que ya se impulsan acciones legales, entre ellas denuncias por abandono de persona, y que se trabaja en la conformación de una red federal para coordinar respuestas frente al avance de las reformas.

Por último, apuntó contra la transferencia de responsabilidades hacia las provincias sin el correspondiente financiamiento. “No envían fondos y pretenden que las provincias se hagan cargo. Eso va a agravar aún más la situación”, sostuvo.

La referente concluyó con un mensaje a la sociedad: “Cuando le toca a uno, nos toca a todos. Si no hay conciencia colectiva, los derechos se pierden”.