Lourdes Ortiz impulsa una ley para impedir que condenados por delitos contra menores trabajen en áreas vinculadas a la niñez

La diputada provincial Lourdes Ortiz presentó un proyecto de ley que busca establecer una restricción permanente para aquellas personas condenadas por delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, impidiéndoles desempeñar funciones o tareas vinculadas con la niñez dentro del ámbito estatal.

La iniciativa ya tomó estado parlamentario y actualmente se encuentra bajo análisis en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados de La Rioja. Según explicó la legisladora, la propuesta surge a partir de debates sociales recientes y de la preocupación manifestada por distintos sectores profesionales dedicados a la protección y acompañamiento de menores.

Ortiz sostuvo que el Estado tiene la obligación de reforzar los mecanismos de prevención y protección de una población que considera especialmente vulnerable. En ese sentido, aclaró que el proyecto no pretende modificar penas ni incorporar nuevas sanciones penales, sino establecer criterios para las contrataciones y designaciones dentro de organismos públicos.

La legisladora explicó que la prohibición alcanzaría a cualquier función, cargo o contratación que implique contacto directo o responsabilidad sobre niños, niñas y adolescentes. Esto incluiría áreas como educación, salud y otros espacios estatales destinados al acompañamiento, cuidado y desarrollo de menores.

“Lo que estamos haciendo es prevenir”, afirmó Ortiz al remarcar que la propuesta apunta a evitar que personas condenadas por delitos que vulneraron la integridad física, psicológica o sexual de menores vuelvan a desempeñarse en ámbitos relacionados con ese sector de la población.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que la restricción se mantendría más allá de la vigencia de los antecedentes penales. Según explicó, la iniciativa contempla que quienes hayan sido condenados por este tipo de delitos no puedan acceder a funciones vinculadas con la niñez dentro del Estado, independientemente del tiempo transcurrido desde la condena.

La diputada indicó además que mantiene conversaciones con distintos actores institucionales para perfeccionar el texto. Entre ellos mencionó al Ministerio Público de la Defensa, desde donde se realizaron observaciones y aportes técnicos que podrían incorporarse durante el tratamiento legislativo.

Durante la entrevista, Ortiz también planteó la necesidad de abrir un debate a nivel nacional sobre las penas aplicadas a delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Consideró que se trata de conductas de extrema gravedad y sostuvo que el Congreso de la Nación debería analizar reformas más profundas en materia penal.

Asimismo, destacó que gran parte de los casos de abuso contra menores se producen dentro de ámbitos de confianza, muchas veces en el entorno familiar o en espacios donde existen responsabilidades de cuidado, lo que, según argumentó, obliga al Estado a extremar las medidas de prevención.

El proyecto continuará su recorrido legislativo en comisión y podría recibir modificaciones antes de llegar al recinto para su tratamiento definitivo.