Ley de Identidad de Género: advierten que sigue vigente, pero denuncian trabas y judicialización para acceder a derechos

En el marco de una columna de género en Radio La Torre, el doctor Leo Grabauska, referente del Espacio Diverso en el área integral de Yanapay, junto a la abogada Roxana Morales, analizaron la situación actual de la Ley de Identidad de Género y su aplicación en la provincia.

Grabauska explicó que el Espacio Diverso funciona como un ámbito de asistencia integral destinado a personas del colectivo de la diversidad, brindando acompañamiento psicológico, médico y legal. En ese sentido, remarcó que el objetivo es intervenir de manera temprana ante situaciones de vulnerabilidad y violencia, además de realizar un trabajo territorial para identificar y asistir a la comunidad tanto en Capital como en el interior.

El profesional destacó la importancia de la Ley 26.743, que garantiza derechos como el reconocimiento de la identidad de género, el cambio registral y el acceso a tratamientos de hormonización y cirugías. “Es una ley muy importante que sigue vigente y que se logró gracias a la lucha de las disidencias”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que el principal problema no es la existencia de la ley, sino su cumplimiento efectivo. En particular, señaló dificultades en el acceso a prestaciones de salud, sobre todo con obras sociales que, pese a estar obligadas, muchas veces no garantizan la cobertura.

En esa línea, aclaró que la normativa no se limita al sistema público. “La ley también alcanza a las obras sociales, que deben cubrir en su totalidad los tratamientos”, sostuvo, al tiempo que remarcó que los costos de hormonización y procedimientos son elevados y muchas personas no pueden afrontarlos sin cobertura.

Grabauska también hizo hincapié en que estos tratamientos están directamente vinculados a la salud integral de las personas. “No es un capricho. Es una cuestión de calidad de vida”, explicó.

Por su parte, la abogada Roxana Morales aportó una mirada legal sobre la situación y confirmó que la ley “está totalmente vigente, sin modificaciones”, aunque reconoció que su aplicación presenta dificultades. “No es que tenga poca aplicabilidad, es difícil. Como muchos derechos, hay que salir a pelearlos constantemente”, sostuvo.

Morales explicó que, si bien la normativa buscó simplificar los procesos y evitar la judicialización —permitiendo trámites administrativos sin necesidad de abogados, como el cambio registral—, en la práctica esto no siempre se cumple, especialmente en el ámbito de la salud. “En el caso de las obras sociales, la mayoría de los reclamos terminan en amparos judiciales. Es decir, la persona no solo tiene que exigir un derecho, sino que además debe recurrir a la Justicia para que se cumpla”, advirtió.

Además, detalló que el procedimiento suele comenzar de manera individual, sin intervención legal, pero cuando existe una negativa por parte de una obra social o institución, recién ahí se recurre a un abogado. “Ahí es donde la Justicia tiene que intervenir para garantizar el cumplimiento del plan médico obligatorio”, explicó.

Otro punto clave que remarcó la abogada es el derecho al trato digno, contemplado en la ley, que obliga a respetar la identidad autopercibida de las personas. En ese sentido, mencionó situaciones concretas donde este derecho no se respeta, incluso en ámbitos educativos, lo que evidencia la necesidad de mayor información y cumplimiento normativo.

Ambos profesionales coincidieron en la importancia de visibilizar estos derechos y fortalecer los espacios de acompañamiento. Desde Yanapay, señalaron, se brinda asesoramiento, contención y asistencia integral para garantizar que las personas puedan acceder a derechos que ya están reconocidos por ley. “Muchas veces la gente no sabe a dónde acudir. Por eso es fundamental que estos espacios estén abiertos y disponibles para acompañar cada situación”, concluyeron.