La Rioja prepara un planteo ante la Corte Suprema por los límites con San Juan

El Gobierno de La Rioja prepara las acciones institucionales, administrativas y judiciales vinculadas con el conflicto limítrofe con San Juan, a partir de la decisión provincial de no aceptar las condiciones establecidas por el Decreto Ley 18.004.

Así lo explicó el asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, en diálogo con Radio La Torre, quien recordó que la Legislatura riojana ya había ratificado la decisión adoptada en 1973 de no aceptar los límites interprovinciales fijados mediante aquella norma, dictada durante un gobierno de facto.

Goyochea señaló que la legislación sancionada por la Cámara de Diputados habilita al Poder Ejecutivo provincial a llevar adelante las acciones necesarias para procurar el restablecimiento de un punto de equilibrio respecto del límite interprovincial y volver a discutir la cuestión con San Juan.

En ese marco, indicó que el gobernador Ricardo Quintela ya instruyó a los equipos técnicos del Gobierno provincial para iniciar las acciones correspondientes y avanzar hacia un planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, específicamente para que se expida sobre la constitucionalidad del Decreto Ley 18.004.

Según explicó el funcionario, existen condiciones para formular directamente un planteo judicial porque se trata de un conflicto entre dos provincias. En ese tipo de controversias, sostuvo, la Constitución Nacional establece la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El objetivo del planteo sería que el máximo tribunal determine si el Decreto Ley 18.004 reúne las condiciones de constitucionalidad necesarias, luego de que La Rioja ratificara legislativamente su rechazo a las condiciones establecidas por esa norma.

Goyochea estimó que este planteo podría concretarse en las próximas semanas, una vez concluidas las recomendaciones técnicas relacionadas con el caso.

Antecedentes de la Corte en conflictos limítrofes

El asesor general de Gobierno también mencionó que la Corte Suprema ya tuvo distintos pronunciamientos durante el siglo XX relacionados con cuestiones limítrofes entre provincias.

Aclaró que esas intervenciones no significaron necesariamente que el tribunal asumiera la facultad de establecer las líneas divisorias, sino que estuvieron vinculadas con el análisis de la legitimidad y la legislación utilizada en torno a los límites.

Como antecedente más reciente, mencionó el conflicto por el Salar del Hombre Muerto entre Salta y Catamarca, donde, según explicó, la Corte estableció una instancia de conciliación entre ambas provincias mediante equipos técnicos destinados a determinar con precisión los puntos vinculados con los límites jurisdiccionales.

Para Goyochea, estos antecedentes permiten afirmar que existe un estándar de interpretación de la Corte para situaciones de esta naturaleza.

El eje del reclamo: la constitucionalidad del decreto ley

El funcionario puso el acento en que el planteo riojano tiene una particularidad: no se limita a una discusión territorial, sino que apunta a determinar la constitucionalidad de un decreto ley dictado durante un gobierno de facto.

En ese sentido, sostuvo que los decretos leyes son actos representativos de gobiernos de facto y planteó que no expresan el espíritu de la Constitución debido a que la facultad exclusiva de sancionar leyes corresponde al Congreso de la Nación.

Por esa razón, consideró que el caso requiere un análisis específico de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema.

El diálogo con San Juan no queda descartado

Goyochea remarcó que la vía judicial no significa cerrar las posibilidades de diálogo entre La Rioja y San Juan.

Explicó que la cuestión de límites constituye un aspecto estructural entre ambas provincias y que las decisiones adoptadas dentro de sus respectivas autonomías deben ser respetadas.

Al mismo tiempo, señaló que el gobernador Ricardo Quintela siempre impulsó instancias de diálogo con su par sanjuanino y sostuvo que existe la posibilidad de abordar de manera madura los criterios vinculados con los límites interprovinciales.

La intención, según describió, sería que luego del pronunciamiento de la Corte Suprema eventualmente pueda conformarse una comisión integrada por equipos técnicos de ambas provincias.

El objetivo de esa instancia sería analizar documentación y antecedentes históricos para precisar cómo estaban determinados los límites antes de la sanción del Decreto Ley 18.004.

Recursos naturales y derechos adquiridos

Otro de los puntos señalados por Goyochea fue la necesidad de contemplar los derechos adquiridos por empresas mineras que hayan podido desarrollar explotaciones de recursos naturales en función de la jurisdicción que hasta el momento se consideraba correspondiente.

En ese sentido, aclaró que el planteo no apunta a impedir actividades relacionadas con la industria, el comercio o la producción.

El eje de la discusión, según explicó, es determinar la situación jurídica de los límites interprovinciales y la constitucionalidad de la norma que los estableció.

Finalmente, Goyochea sostuvo que, ante un conflicto de estas características, la determinación definitiva sobre los límites entre provincias corresponde al Congreso de la Nación, dentro del marco de las competencias establecidas por la Constitución.