La Rioja denunció ante la Justicia Federal un presunto desvío de fondos destinados a las rutas nacionales

El Gobierno de La Rioja presentó una denuncia ante la Justicia Federal para reclamar por la presunta retención y desvío de recursos provenientes del impuesto a los combustibles que tienen como destino específico la conservación, mantenimiento y ejecución de obras en las rutas nacionales.

En diálogo con Radio La Torre, el asesor general de Gobierno de La Rioja, Pedro Goyochea, explicó que la presentación fue impulsada por instrucción del gobernador Ricardo Quintela y apunta contra el presidente de la Nación, el ministro de Economía y el secretario de Hacienda.

Según detalló el funcionario, la denuncia plantea la posible comisión de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

Goyochea sostuvo que la decisión provincial se tomó luego de declaraciones públicas atribuidas al vocero presidencial, quien —según afirmó— habría reconocido que recursos destinados al sistema vial fueron utilizados para la compra de títulos de deuda pública del Tesoro nacional y para constituir depósitos a plazo fijo en dólares.

“Los fondos que integran el impuesto a los combustibles tienen un destino específico por ley”, remarcó el asesor general de Gobierno, quien señaló que esos recursos deberían ser utilizados para la conservación, mantenimiento y realización de obras en las rutas nacionales.

La acusación por la retención de recursos

Uno de los principales argumentos de la presentación, de acuerdo con Goyochea, es que desde diciembre de 2023 el Gobierno nacional retendría los recursos correspondientes al impuesto a los combustibles que deberían ser distribuidos a las provincias.

El funcionario explicó que estos fondos tienen un mecanismo de distribución similar al de la coparticipación federal y que las provincias deberían recibirlos de manera periódica para destinarlos al mantenimiento de la red vial. “Desde diciembre del año 2023 que el Gobierno de la Nación retiene el impuesto a los combustibles destinado para las rutas y no los envía a las provincias”, afirmó.

En ese marco, sostuvo que la provincia considera que existe un desvío de recursos hacia objetivos financieros que no estarían contemplados por la normativa que establece el destino específico de esos fondos.

La estimación que realizó la Provincia

Consultado sobre el volumen de recursos involucrados, Goyochea señaló que, a nivel nacional, la retención y el presunto desvío alcanzarían aproximadamente un billón y medio de pesos.

De acuerdo con la estimación mencionada por el funcionario, de ese monto a La Rioja le corresponderían alrededor de 30 millones de dólares. Aclaró, sin embargo, que todavía no se encuentran determinados los índices de actualización, debido a que la provincia no recibe estos recursos desde diciembre de 2023.

El asesor general de Gobierno también afirmó que la ejecución de la recaudación vinculada con estos impuestos habría alcanzado solamente el 11% desde 2023, según los datos considerados por la Provincia.

Para Goyochea, una de las consecuencias de esta situación puede observarse directamente en el estado de las rutas nacionales y en el deterioro de la infraestructura vial.

“Las consecuencias las podemos vivenciar quienes circulamos por rutas nacionales de manera diaria”, sostuvo, al describir el estado de abandono y precariedad que, según su evaluación, presentan distintos corredores nacionales.

La causa quedó radicada en Comodoro Py

El funcionario confirmó además que la Provincia ya fue notificada sobre la recepción de la denuncia. Según precisó Goyochea, la presentación quedó radicada en los tribunales federales de Comodoro Py y será tramitada por el juzgado a cargo de Ariel Lijo, con intervención del fiscal Carlos Stornelli.

La intención de la Provincia, explicó, no se limita al reclamo por los recursos que considera que le corresponden, sino que también busca que la Justicia determine si existió la posible comisión de delitos por parte de funcionarios nacionales.

“Es una causa que también tiene denuncias previas”, indicó Goyochea, quien mencionó entre ellas una presentación realizada por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, vinculada con las rutas nacionales de la provincia de Buenos Aires, y otra de la diputada Marcela Pagano relacionada con el presunto desvío de estos fondos.

Otros reclamos de La Rioja ante la Corte Suprema

Durante la entrevista, Goyochea también se refirió a otras demandas impulsadas por la Provincia contra el Estado nacional.

Explicó que los reclamos relacionados con fondos de coparticipación que, según La Rioja, dejaron de ser ejecutados por el Gobierno nacional continúan en trámite y a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.

También mencionó las presentaciones vinculadas con el incentivo docente, el subsidio al transporte público y los fondos relacionados con la energía.

Según explicó, esos expedientes tienen carácter civil y económico, mientras que la nueva denuncia por el presunto desvío de fondos del sistema vial tiene una diferencia sustancial: su carácter penal.

Para el asesor general de Gobierno, ese elemento está relacionado con las declaraciones públicas del vocero presidencial que, según su interpretación, reconocieron el destino financiero que habría tenido parte de los recursos originalmente asignados al sistema vial.

La Provincia buscará ahora que la Justicia Federal avance sobre la denuncia, determine el destino de los fondos cuestionados y establezca, en caso de corresponder, las eventuales responsabilidades penales de los funcionarios involucrados.