La Rioja defenderá ante la Corte el congelamiento de las tarifas eléctricas
La Provincia prepara su defensa judicial y cuestionó la demanda de CAMMESA. La medida busca evitar que los aumentos impacten en los usuarios.
El Gobierno de La Rioja prepara una respuesta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para defender la constitucionalidad del decreto provincial que suspendió el traslado de los aumentos de las tarifas eléctricas a los usuarios. La decisión se produce luego de que CAMMESA presentara una demanda contra la Provincia para cuestionar la medida implementada en 2024.
En diálogo con Radio La Torre, el asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, confirmó que el Estado provincial fue notificado por la Corte Suprema sobre el inicio de una acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA).
La presentación cuestiona el decreto 370 del Poder Ejecutivo provincial, correspondiente a 2024, y la resolución 133 del Ministerio de Agua y Energía del mismo año.
Goyochea explicó que la decisión del Gobierno riojano se tomó cuando comenzaron a aplicarse los primeros incrementos derivados de la eliminación de los subsidios nacionales a la energía eléctrica. Frente a ese escenario, la Provincia resolvió no trasladar esos aumentos directamente a las facturas de los usuarios y asumir el costo con recursos provinciales vinculados a la extracoparticipación.
«La provincia ha decidido, a través de un decreto del señor Gobernador, no trasladar el importe de esa actualización de tarifa a los usuarios y suspenderla», explicó el funcionario.
En ese sentido, aclaró que La Rioja nunca desconoció la facultad de la Secretaría de Energía de la Nación para establecer los cuadros tarifarios, sino que decidió que el impacto de esas actualizaciones no recayera directamente sobre los hogares riojanos.
Durante la entrevista, el asesor general de Gobierno expuso los porcentajes acumulados de los incrementos tarifarios desde enero de 2024 hasta agosto de 2026, de acuerdo con los segmentos de ingresos.
Según detalló, los aumentos alcanzaron el 374% para los usuarios de ingresos medios, el 318% para los hogares de ingresos altos y el 224% para los sectores de ingresos bajos.
Para dimensionar el impacto que podría haber tenido el traslado de esos incrementos en La Rioja, Goyochea mencionó los valores de las facturas que se registran en otras provincias.
Indicó que los hogares de ingresos medios llegan a pagar alrededor de $800.000 en Catamarca, $1 millón en Tucumán, $910.000 en San Luis y hasta $1.210.000 en Neuquén.
El funcionario sostuvo que esos valores reflejan el escenario que podría haberse producido en la provincia si el Estado riojano no hubiera asumido el compromiso de absorber el impacto de los aumentos.
Respecto de la estrategia jurídica, Goyochea manifestó su sorpresa por la decisión de la Corte Suprema de dar curso a la demanda presentada por CAMMESA.
Según explicó, desde el punto de vista del Gobierno provincial, la presentación no tendría sustentabilidad legal ni en sus aspectos formales ni en el fondo de la cuestión.
El funcionario argumentó que, habitualmente, la Corte Suprema rechaza las acciones declarativas de inconstitucionalidad cuando no existe previamente un conflicto judicializado entre las partes en los tribunales ordinarios.
En este caso, señaló que CAMMESA no habría iniciado previamente un juicio ante la Justicia provincial, aunque la Corte Suprema decidió dar traslado de la demanda al Estado riojano.
«El equipo de Fiscalía de Estado, ya al haber sido oportunamente notificado, está abocado al trabajo para responder a esta acción», afirmó.
La defensa provincial buscará sostener la constitucionalidad del decreto y evitar que prospere la medida cautelar solicitada por CAMMESA, que apunta a suspender sus efectos.
Goyochea precisó que el Estado provincial cuenta con un plazo de 60 días desde la notificación para presentar su respuesta ante la Corte Suprema.
El objetivo, explicó, será evitar que una decisión judicial obligue a trasladar los costos de las tarifas eléctricas directamente a los usuarios y sostener la facultad provincial de determinar cómo impactan esas actualizaciones en la población.
En ese marco, destacó que La Rioja continúa diferenciándose del resto de las jurisdicciones por mantener tarifas eléctricas más accesibles. Según afirmó, la provincia es actualmente la única del país con valores por debajo de la media nacional.
Por otra parte, consultado sobre la continuidad del congelamiento tarifario, cuyo plazo venció el 31 de octubre, el asesor confirmó que la situación se encuentra bajo análisis.
Explicó que la decisión requiere consultas técnicas entre el Ministerio de Agua y Energía, las áreas correspondientes del Gobierno provincial y la empresa prestadora del servicio.
«Es una decisión que, evaluada oportunamente, se comunicará a la población en su conjunto», señaló.
