La Rioja avanza en un protocolo para actuar ante casos de violencia digital de género

La titular del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 2, Gisela Flamini, explicó que ya se realizó una primera reunión de una mesa de trabajo intersectorial que busca establecer criterios comunes para intervenir frente a este tipo de situaciones.

Según detalló la magistrada, participan distintas áreas del Ejecutivo, entre ellas la Secretaría de la Mujer, el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Ministerio de Educación, además de juzgados especializados en violencia de género y juzgados de familia.

El objetivo central es establecer un procedimiento claro para quienes tienen el primer contacto con una víctima, particularmente el personal policial y los sumariantes especializados que trabajan en las comisarías.

Cómo preservar una prueba digital

Flamini explicó que uno de los principales desafíos está relacionado con la preservación de la evidencia digital.

La magistrada señaló que ante una situación de violencia en redes sociales muchas personas recurren a una captura de pantalla, pero aclaró que ese elemento puede no tener la solidez probatoria que habitualmente se le atribuye.

Por ese motivo, el futuro protocolo buscará explicar, de manera sencilla y paso a paso, cómo conservar elementos como las direcciones URL, perfiles y conversaciones, además de establecer mecanismos que permitan preservar adecuadamente la información.

“Lo que evitamos es perder pruebas”, explicó Flamini, al remarcar que una investigación judicial puede verse dificultada cuando no existen elementos suficientes para acreditar los hechos.

También indicó que el protocolo contemplará mecanismos vinculados con la prevención de la continuidad del daño, incluyendo procedimientos para solicitar o gestionar la eliminación de contenido que haya sido publicado.

Qué se entiende por violencia digital

La titular del juzgado definió la violencia digital como aquellas acciones que afectan la dignidad o la integridad física, psicológica, emocional o moral de una persona mediante el ciberespacio.

El concepto incluye situaciones que pueden producirse a través de redes sociales, WhatsApp y otras herramientas vinculadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Flamini advirtió además que las situaciones de violencia de género pueden estar atravesadas por componentes digitales, lo que plantea nuevos desafíos para los organismos encargados de intervenir y proteger a las víctimas.

La preocupación por los contenidos generados con inteligencia artificial
Otro de los aspectos abordados durante la entrevista estuvo relacionado con el uso de nuevas tecnologías entre niños, niñas y adolescentes.

Flamini explicó que se trabaja también con el área educativa y los juzgados de familia debido a situaciones que algunos jóvenes pueden considerar “inocentes”, como compartir fotografías o videos de compañeros.

En particular, advirtió sobre la creación mediante inteligencia artificial de contenidos de carácter sexual utilizando imágenes o rostros de menores de edad.

La magistrada señaló que este tipo de situaciones puede constituir un delito y remarcó la necesidad de generar conciencia entre los jóvenes sobre el uso responsable de las redes sociales y las consecuencias que pueden derivarse de determinadas acciones.

Capacitación para operadores judiciales y del Ejecutivo

Como parte del proceso de elaboración del circuito de actuación, también está prevista una capacitación para quienes intervienen en este tipo de casos.

Flamini explicó que participarán especialistas en ciberdelito, investigación y cuestiones informáticas, además de profesionales con formación específica en la materia.

El objetivo será brindar herramientas tanto al personal de la Justicia como a integrantes de organismos del Poder Ejecutivo para mejorar la preservación de pruebas, el desarrollo de los procesos judiciales y la protección de las víctimas.

La capacitación está prevista para el 30 de septiembre.

La iniciativa busca avanzar así en un mecanismo común de actuación frente a hechos de violencia digital, con procedimientos definidos desde el primer contacto con la víctima hasta la intervención de los organismos judiciales correspondientes.