Financiamiento universitario: la Justicia dejó firme la cautelar que ordena al Gobierno a cumplir con la asignación de recursos

La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó este martes la vigencia de la medida cautelar dictada a favor de las universidades públicas, tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia al recurso presentado por el Ejecutivo nacional.

Concretamente, la Cámara resolvió que el recurso de apelación interpuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra la suspensión de la ejecución de una medida cautelar se tornó abstracto. La decisión se fundamentó en que la Corte rechazó el recurso extraordinario federal presentado por el Estado Nacional, lo que eliminó el único fundamento de aquella suspensión.

La decisión deja sin efecto cualquier suspensión de la ejecución y obliga al Estado a disponer las partidas presupuestarias necesarias para actualizar salarios docentes y no docentes, así como las becas estudiantiles.

La Sala III devolvió el expediente a primera instancia para su ejecución plena. De este modo, la medida no puede ser suspendida mientras se discute el fondo de la causa.

El conflicto se originó a partir del Decreto 759/25, mediante el cual el Gobierno nacional condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025.

Esa norma, que había sido vetada por el Poder Ejecutivo y luego ratificada por ambas cámaras tras un amplio respaldo legislativo y movilizaciones universitarias, establece actualizaciones salariales y la recomposición de programas de becas, entre ellos el Progresar. Ante la demora en su cumplimiento, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con gremios docentes, presentó un amparo colectivo.

Qué dijo la Corte

En junio, la Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. Al rechazar el recurso del Ejecutivo, el tribunal sostuvo la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal emitió dos resoluciones en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el decreto 759/25, donde el Poder Ejecutivo había intentado suspender la aplicación de los artículos sobre actualización salarial y fondos para becas y programas académicos.

La decisión de la Corte Suprema llegó semanas después de que el Gobierno acordara transferir fondos a las universidades nacionales para incrementar un 24,33% los salarios, un 20% los gastos de funcionamiento y ampliar las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000.

Según habían explicado entonces a TN desde la comunidad universitaria, la oferta representaba llevar el presupuesto universitario del 0,5% del PBI al 0,6%. En cambio, la Ley de Financiamiento vigente establecía un 0,75%.

En ese contexto, la decisión de la Corte Suprema mantiene la cautelar sobre salarios y becas vigente mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo federal avanza hacia una sentencia de fondo, que ahora se definirá en primera instancia.