
Endeudamiento familiar: Libres del Sur impulsa una ley contra el hostigamiento a deudores
Afirman que casi el 52% de los hogares encuestados en La Rioja afrontaba problemas por deudas.
El creciente nivel de endeudamiento de las familias y las situaciones de hostigamiento vinculadas al cobro de deudas llevaron a Libres del Sur La Rioja a trabajar en un proyecto de normativa que busca establecer límites a las prácticas abusivas de cobranzas.
Así lo explicó Lucas de la Fuente, referente de la organización en la provincia, durante una entrevista con Radio La Torre. Según señaló, la iniciativa surgió a partir de una pregunta central: “¿Toda deuda legítima puede tener una cobranza abusiva?”. Su respuesta fue contundente: no.
De la Fuente sostuvo que el derecho de una persona o empresa a reclamar una deuda debe estar acompañado por una regulación que impida que el cobro se transforme en una situación de acoso o persecución que termine afectando también a familiares y allegados del deudor. “No decimos que no se deban pagar las deudas. Lo que hablamos es de que no se convierta ese derecho a cobrar en un derecho a hostigar”, planteó.
El referente de Libres del Sur explicó que el proyecto comenzó a elaborarse hace aproximadamente tres o cuatro semanas y que actualmente se encuentra en proceso de revisión debido a los cambios normativos registrados recientemente.
Indicó que cuentan con asesoramiento legal, aunque aclaró que los integrantes de la organización trabajan sobre la normativa vigente para evitar superposiciones y lograr que la propuesta sea aplicable.
Uno de los principales objetivos es que la protección alcance a las personas que atraviesan situaciones de endeudamiento sin afectar el legítimo derecho de quienes prestaron dinero o realizaron una venta financiada. “Queremos proteger al deudor sin perjudicar al que está cobrando, al que ha hecho el préstamo o la venta en cuota”, explicó.
En ese sentido, la propuesta apunta a que Defensa del Consumidor tenga herramientas para intervenir frente a situaciones de hostigamiento, persecución o exposición de los deudores mientras intentan regularizar su situación.
De la Fuente vinculó la iniciativa con una encuesta realizada por la organización a fines de junio de este año. Según explicó, el relevamiento permitió observar que una parte importante de los hogares enfrentaba dificultades para llegar a fin de mes como consecuencia del endeudamiento. “Tenían que optar entre llegar a fin de mes y comer, o cubrir esa deuda”, describió.
De acuerdo con los datos mencionados durante la entrevista, casi el 52% de los hogares encuestados en La Rioja se veía afectado por las deudas, mientras que cerca del 50% de las familias relevadas manifestó dificultades para comprar alimentos.
Para el dirigente, estos números llevaron a la organización a analizar qué medidas podían impulsarse para atender el problema.
A nivel nacional, De la Fuente también mencionó datos atribuidos a una encuesta del “Instituto de Argentina Grande”, según los cuales existirían 5,5 millones de personas en situación de mora, lo que, de acuerdo con su interpretación, representa aproximadamente a uno de cada cuatro argentinos.
Uno de los aspectos que De la Fuente pretende incorporar a la regulación es el control sobre las prácticas utilizadas para localizar y presionar a quienes mantienen deudas.
El propio dirigente relató una experiencia personal para graficar el problema: afirmó que, pese a no encontrarse en situación de morosidad, recibe llamados y correos electrónicos relacionados con personas conocidas o que trabajaron con él anteriormente, incluso fuera de horarios razonables.
Según describió, esas comunicaciones terminan involucrando a personas que no son responsables de la deuda y que incluso pueden haber perdido contacto con el supuesto deudor.
Para De la Fuente, ese tipo de mecanismos constituye una forma de presión que debe ser contemplada por la normativa.
Otro de los puntos que pretende abordar el proyecto es la vigencia de las obligaciones reclamadas.
El referente de Libres del Sur sostuvo que existen deudas que pueden haber caducado y que, sin embargo, continúan siendo reclamadas. Por ese motivo, adelantó que la iniciativa también buscará establecer mecanismos que permitan controlar que las obligaciones exigidas se encuentren efectivamente vigentes. “Hay deudas que vencen a los cuatro años, cinco años y te la siguen cobrando a pesar de que ya han caducado”, afirmó.
De la Fuente señaló que la organización pretende terminar de pulir la propuesta y presentarla próximamente, teniendo en cuenta las nuevas leyes y decretos que se incorporaron durante las últimas semanas.

