El Tribunal de Cuentas estrenó una nueva ley y refuerza los controles

El Tribunal de Cuentas de La Rioja atraviesa una etapa de transformación institucional impulsada por la reciente entrada en vigencia de su nueva Ley Orgánica, una herramienta que busca fortalecer la transparencia, modernizar los procesos administrativos y mejorar el control sobre el uso de los recursos públicos.

Así lo expresó su presidente, Jorge Menem, quien además participó de actividades vinculadas a la reunión nacional de trabajadores de tribunales de cuentas realizada en la provincia, encuentro que reunió a representantes de distintos organismos de control del país.

Según explicó, la provincia fue sede de la primera reunión ordinaria del año de la Asociación del Personal de los Tribunales de Cuentas de la República Argentina (APECTRA), espacio donde además de los reclamos laborales se abordaron propuestas para modernizar y optimizar el funcionamiento de los organismos de control. “Nos sorprendió gratamente la postura de la conducción nacional, porque además de plantear cuestiones salariales, propusieron trabajar en capacitación, innovación tecnológica y modernización de los procesos”, señaló.

Una nueva ley con tres ejes centrales

Menem destacó que desde el 1 de abril comenzó a regir la nueva Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, aprobada por unanimidad por la Legislatura provincial.

La normativa incorpora cambios orientados a mejorar el funcionamiento del organismo y fortalecer su capacidad de control.

Según detalló, la ley se sostiene sobre tres pilares fundamentales: la transparencia institucional, la modernización tecnológica y la incorporación del denominado control concomitante. “El objetivo es que la sociedad conozca mejor qué hace el Tribunal de Cuentas y cómo trabaja. Muchas veces nuestra tarea es poco visible, pero cumple una función esencial en el control de los recursos públicos”, explicó.

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva normativa es la incorporación del control concomitante, una modalidad que permite supervisar determinadas operaciones antes de que se concrete la erogación de fondos.

La intención es detectar posibles errores o inconsistencias de manera anticipada para evitar perjuicios posteriores. “Se trata de acompañar el gasto mientras se ejecuta y corregir situaciones antes de que se produzcan. Es una herramienta preventiva que fortalece los mecanismos de control”, sostuvo.

Durante la entrevista, Menem brindó cifras que permiten dimensionar el volumen de trabajo del organismo.

Indicó que aproximadamente el 17% de los expedientes analizados por el Tribunal presentan observaciones o irregularidades administrativas que impiden su continuidad hasta que sean corregidas. “De cada cien expedientes que ingresan, alrededor de diecisiete tienen algún inconveniente y no pueden continuar su trámite hasta ser subsanados”, explicó.

Asimismo, señaló que entre el 50% y el 60% de los responsables obligados a rendir cuentas reciben intimaciones para regularizar su situación.

Cuando esas intimaciones no son atendidas, el organismo aplica sanciones económicas. “Durante el año pasado se realizaron cerca de mil multas por incumplimientos relacionados con la rendición de cuentas”, precisó.

En los casos más graves, el Tribunal puede ordenar la devolución total de los fondos observados e iniciar procesos judiciales para su recupero.

Transparencia y acceso a la información

El presidente del organismo remarcó la importancia de que la ciudadanía conozca el trabajo que realiza el Tribunal de Cuentas y sostuvo que gran parte de esa información ya se encuentra disponible públicamente.

Invitó a los ciudadanos a consultar la página web institucional y las redes sociales del organismo, donde se publican resoluciones, sanciones, intimaciones y distintos informes de gestión. “Queremos que la sociedad pueda ver qué controles se realizan, qué expedientes son observados y cuáles son las acciones que lleva adelante el Tribunal para garantizar una correcta administración de los recursos públicos”, afirmó.

Menem también recordó que el Tribunal de Cuentas provincial está integrado por cinco miembros y que su composición incluye representantes tanto del oficialismo como de sectores de la oposición.

Actualmente, tres integrantes fueron propuestos por la mayoría legislativa y dos por los bloques minoritarios, un esquema que busca garantizar pluralidad institucional dentro del organismo encargado de controlar la administración pública.

Con la nueva ley en marcha y un proceso de modernización en desarrollo, el Tribunal de Cuentas busca fortalecer su rol como organismo de control y avanzar hacia mecanismos más ágiles, transparentes y eficientes en la fiscalización de los fondos públicos.