El Servicio Penitenciario reclama a Nación fondos por presos federales

La directora del Servicio Penitenciario Provincial, Analía Tello, confirmó que la unidad penitenciaria de La Rioja continúa atravesando una situación de fuerte sobrepoblación, al tiempo que reclamó el cumplimiento de los fondos que Nación debe aportar por los internos con causas federales alojados en la provincia.

En diálogo con Radio La Torre, Tello precisó que actualmente el establecimiento cuenta con 287 plazas, pero alberga a 552 personas, prácticamente el doble de su capacidad original.

La funcionaria señaló que la sobrepoblación es una problemática que atraviesan distintos servicios penitenciarios del país y destacó que en La Rioja la situación pudo ser parcialmente descomprimida mediante el traslado de alrededor de 100 personas a un espacio que anteriormente funcionaba como el Ex Nueva Vida.

También destacó el trabajo de la Justicia, que aceleró distintas causas y permitió el egreso de internos, contribuyendo a reducir parcialmente el nivel de ocupación.

Nación adeuda fondos por los internos federales

Uno de los principales reclamos planteados por Tello está relacionado con los internos con causas federales. Según explicó, actualmente hay cerca de 100 personas bajo esa condición alojadas en la unidad provincial.

La directora aseguró que existe un convenio mediante el cual Nación debe afrontar los gastos correspondientes a ese alojamiento, pero sostuvo que hace un año y medio que no se efectiviza ningún pago.

El monto previsto, según detalló, es de 2.000 pesos por persona y por día. Tello remarcó que ni siquiera esa suma está siendo abonada y afirmó que desde el Servicio Penitenciario realizan gestiones semanalmente para intentar destrabar la situación.

Además, señaló que solicitaron colaboración a magistrados federales y a representantes de la Procuración de la Nación que supervisan el funcionamiento del establecimiento.

Mientras tanto, explicó, la provincia continúa afrontando los gastos con recursos propios. Esto provoca que el presupuesto destinado a los internos provinciales deba distribuirse también para cubrir las necesidades de quienes tienen causas federales.

Más personal y cambios en la población carcelaria

Tello destacó además que durante la actual gestión se incrementó el recurso humano del Servicio Penitenciario. La semana pasada se incorporaron 55 efectivos, de los cuales 28 son mujeres.

La funcionaria consideró que el fortalecimiento del personal permitió mejorar el funcionamiento cotidiano de la institución y remarcó que también se están reforzando los programas de rehabilitación.

“La misión institucional principal” es, según explicó, no solamente custodiar a las personas privadas de libertad, sino también brindarles herramientas para lograr su rehabilitación mediante distintas actividades.

En cuanto a la población femenina, indicó que actualmente hay 19 internas, aunque también existen mujeres bajo medidas alternativas como prisiones domiciliarias, especialmente en casos donde tienen hijos a cargo. Para estos controles, el Servicio Penitenciario utiliza tobilleras electrónicas.

Dos semanas de capacitación para los nuevos agentes

Respecto de las nuevas incorporaciones, Tello explicó que se implementó una capacitación intensiva de nivelación durante dos semanas para conocer las condiciones y perfiles del personal recientemente designado.

La medida busca determinar el destino de cada integrante según su formación. Entre los nuevos agentes hay profesionales, técnicos, licenciados en criminología y docentes, aunque la mayoría será destinada al escalafón de seguridad.

Sin celulares: comunicación mediante líneas fijas

Otro de los cambios implementados está relacionado con el uso de teléfonos celulares dentro del penal.

Tello explicó que, luego de detectar hechos vinculados con el uso indebido de estos dispositivos, se decidió retirar definitivamente el acceso a celulares para los internos.

Para garantizar el derecho a la comunicación previsto por la legislación penitenciaria, se instalaron líneas telefónicas fijas y se estableció un sistema de comunicación organizado semanalmente por pabellones.

Las comunicaciones son controladas por personal penitenciario del área de informática y pueden utilizarse para mantener contacto con familiares y abogados.

Sin embargo, la funcionaria reconoció que continúan detectándose celulares no autorizados durante las requisas. Cuando ocurre, se aplica una sanción disciplinaria y se comunica el hecho a la Justicia.

Según detalló, algunos aparatos ingresaron mediante familiares, mientras que en otros casos fueron arrojados desde sectores cercanos al establecimiento. Incluso confirmó que en una oportunidad se utilizó un dron para introducir un celular y sustancias prohibidas.

El costo de recuperar los fondos

Sobre el reclamo económico a Nación, Tello insistió en que se trata de recursos que la provincia ya debió afrontar durante un año y medio.

Explicó que la recuperación de esos fondos permitiría realizar inversiones en equipamiento y tecnología para mejorar la seguridad penitenciaria. Como antecedente, recordó que años atrás esos recursos contribuyeron a la adquisición de un escáner y otras herramientas que actualmente quedaron obsoletas.

También señaló que los sistemas inhibidores de celulares requieren una inversión que la provincia no pudo afrontar, por lo que se optó por fortalecer el esquema de líneas fijas, que implica mayor trabajo, pero permite un mayor control sobre las comunicaciones.