El PRO presentó un proyecto para sacarle la custodia y la pensión de privilegio a Alberto Fernández
Los legisladores pidieron una modificación de la Ley 24.018 de Jubilaciones y Pensiones, que establece las asignaciones mensuales y vitalicias a los funcionarios de alto rango.
En medio del escándalo por violencia de género, el bloque del PRO en la Cámara de Diputados presentó un proyecto para que el exmandatario Alberto Fernández deje de cobrar beneficios previsionales, honores y tratamiento especial.
Según trascendió, los legisladores Silvana Giudici, Hernán Lombardi, Sabrina Ajmechet, Karina Bachey, José Nuñez, Ramón Bianchetti, Florencia de Sensi y Patricia Vazquez pidieron una modificación de la Ley 24.018 de Jubilaciones y Pensiones, que en su primer primero hace referencia a las asignaciones mensuales y vitalicias del "Presidente, Vicepresidente de la Nación y los Jueces de la Corte Suprema de la Nación". En los próximos días, la iniciativa será girada a las comisiones respectivas, entre otras la de Previsión Social.
Desde el bloque del PRO entienden que el beneficio a las personas comprendidas en la ley de jubilaciones y pensiones debe cesar cuando sean condenados por delitos cometidos mientras se encuentren en ejercicio de su función pública, pero también en caso de tratarse de delitos por causa de corrupción, incumplimiento de deberes de funcionario público y delitos contra la integridad sexual.
Asimismo, propusieron el cese del otorgamiento de las consignas de seguridad establecidas por la Casa Militar, ya que los actos por los que lo condenaron fueron cometidos durante su gestión presidencial.
En este contexto, Silvana Giudici explicó: "La norma se ha fundamentado no solo en aspectos fácticos vinculados al desgaste propio y específico en las personas que se desempeñaron como cabeza de los poderes del Estado, sino que lleva implícito el reconocimiento de todo el pueblo argentino de la dignidad y honor propios de aquellas altas investiduras. Es precisamente esa dignidad la que las altas autoridades deben observar durante el ejercicio del cargo y la que define luego la posibilidad de acceder a los beneficios y honores una vez cumplida la función".
"Cuando esa dignidad se mancilla, tal como sucede en los casos de condenas por malversación de fondos, corrupción sistematizada o, por conductas impropias que revisten de falta de moral o comportamientos delictuales de sus beneficiarios, es necesario evaluar los privilegios otorgados en función de la condena a la que se arribe en ámbito judicial", agregó.
