El Gobierno provincial avanzará en un jury de enjuiciamiento contra Mazzucchelli

El Gobierno de La Rioja, bajo la instrucción del gobernador Ricardo Quintela, avanzará en un jury de enjuiciamiento contra la jueza Norma Abate de Mazzucchelli, presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. La decisión se tomó tras la difusión de una denuncia por parte de una comerciante en un informe de un canal de televisión de alcance nacional.

El asesor General de Gobierno, Pedro Goyochea, anunció en Radio La Torre que se activarán los mecanismos institucionales correspondientes para juzgar la responsabilidad de la magistrada. "El gobernador ha dado instrucciones para que se active el mecanismo de juzgamiento de responsabilidad de los magistrados provinciales", afirmó Goyochea.

El procedimiento se llevará a cabo mediante un jury de enjuiciamiento, compuesto por la Comisión de Juicio Político integrada por tres legisladoras provinciales: Carla Aliendro (Chamical), Gabriela Amoroso (Capital) y Nadina Reynoso (Capital). Este proceso está contemplado en el artículo 157 de la Constitución Provincial, y pronto se comenzarán a recolectar los antecedentes y pruebas pertinentes.

Goyochea explicó que el Consejo de la Magistratura se reunirá para recibir la denuncia y las pruebas necesarias. "El Consejo de la Magistratura formulará la acusación y el jury de enjuiciamiento determinará la responsabilidad de la jueza en este caso", añadió. Según la ley, el proceso de investigación, acusación y sentencia debe completarse en un plazo de 30 días.

En un giro inesperado, trascendió esta mañana que la jueza Mazzucchelli presentó su renuncia ante la gravedad de la denuncia. Goyochea aclaró que la aceptación de la renuncia depende de la Cámara de Diputados, especialmente si existe una medida disciplinaria pendiente, lo cual podría impedir la aceptación inmediata de la renuncia.

¿Qué dice el artículo 157 de la Constitución?

Artículo 157 Decidida la apertura del juicio en contra del juez o miembro del Ministerio Público por parte del Consejo de la Magistratura, se integrará, por sorteo del que estará exento el presidente del Consejo, una comisión investigadora y de acusación de tres miembros que llevará adelante la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento. Desde el momento de la apertura, el acusado quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones. Todo este trámite deberá efectivizarse en un plazo de treinta días hábiles, prorrogables por quince días hábiles más. En el juicio se actuará con las garantías del debido proceso, la acusación, defensa, prueba, contradicción y sentencia con voto fundado de cada uno de los miembros del jurado, y dictará sentencia por una mayoría de dos tercios de los votos de todos los miembros de acuerdo a las reglas de la sana crítica, para destituir al acusado. Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que la destitución del acusado. Pero la parte condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Corresponderá archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al juez o miembro del Ministerio Público suspendido, si transcurrieren sesenta días hábiles, contados desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción, sin que haya sido dictado el fallo. El Jurado podrá determinar otro tipo de sanciones, que la ley deberá prever, para el caso de entender que no corresponde la remoción del juez o miembro del Ministerio Público enjuiciado, pudiendo llegar hasta la declaración de inocencia de los cargos imputados, con los que corresponderá la reposición en el cargo. El denunciado podrá designar para su defensa un Defensor Oficial. Una ley especial podrá completar la modalidad del funcionamiento y procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento.