El Gobierno nacional anunció que comenzó a sancionar a empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas

Desde la Cancillería de la República Argentina se dispuso que “el inicio de los procedimientos sancionatorios de 45 sujetos, tanto personas humanas como personas jurídicas, para investigar y sancionar la violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659, en tanto estarían desarrollando actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestra Islas Malvinas".

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Gobierno explicó: “Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad”.

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión. Lo son y seguirán siendo sin importar quien las ocupe. Pero recientemente, la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales”, agregó el comunicado.

“Esta medida constituye un acto de justicia para todos aquellos que lucharon y dieron su vida por nuestra Nación. Es también un mensaje claro hacia el mundo: la República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas. Quienes hoy pretenden lucrar violando esa soberanía encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley para hacer valer lo que por historia y por derecho le pertenece”, concluyó.

Este anuncio se conoció horas después de que el canciller Pablo Quirno advirtiera que unas 180 empresas vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en las islas habían sido notificadas por el Gobierno y deberán optar entre continuar con esas operaciones o exponerse a sanciones en la Argentina.

Quirno explicó que el alcance de las medidas no se limita a las compañías petroleras que participan directamente de los proyectos. También contempla a empresas que les brindan servicios financieros, logísticos, aseguradores y vinculados con la actividad energética.

El canciller sostuvo que la Ley 26.659, sancionada entre 2011 y 2013, ya contemplaba sanciones para las empresas que realizaran actividades hidrocarburíferas en las zonas disputadas sin autorización argentina. Según explicó, el Gobierno ahora reglamentó la norma para agilizar los procedimientos y reforzar su aplicación.

En ese sentido, Quirno planteó que el desarrollo de Vaca Muerta representa un incentivo para que las compañías vinculadas con las operaciones en Malvinas elijan invertir en la Argentina. “Van a tener que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o venir a la Argentina, con seguridad jurídica y mayor potencialidad de negocios”, sostuvo.

La ofensiva del Gobierno está especialmente vinculada con el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas y operado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Ambas compañías cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas, que la Argentina considera ilegales.

El proyecto contempla el desarrollo de un yacimiento que, según estimaciones citadas por Reuters, tendría alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo. Navitas posee el 65% del proyecto y Rockhopper el 35%, y el inicio de la producción está previsto para 2028.

Quirno calificó a las petroleras que buscan explotar hidrocarburos en las islas como “una amenaza” y defendió la estrategia del Gobierno. “Valorizar nuestros activos estratégicos es lo que nos permite pararnos de una manera diferente ante una amenaza específica”, afirmó este viernes durante la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF), en Misiones.

Por su parte, el Reino Unido rechazó la postura argentina y reafirmó su respaldo a las Islas Malvinas. El gobierno británico sostiene que su compromiso con el archipiélago es “absoluto e inamovible” y defendió el derecho de los habitantes de las islas a la autodeterminación.

Las empresas involucradas en Sea Lion también cuestionaron el impacto de las medidas argentinas y sostuvieron que las sanciones anunciadas por Milei no tendrían efectos materiales sobre el desarrollo del proyecto.