El crimen de Susana Montoya genera indignación y refleja la política negacionista del Gobierno nacional
El viernes por la noche, Susana Montoya fue hallada muerta en el patio de su casa por su hijo Fernando Albareda, militante de HIJOS
El asesinato de Susana Beatriz Montoya, viuda del desaparecido Ricardo Fermín Albareda, ha causado una profunda conmoción en la ciudad de Córdoba. Su cuerpo fue encontrado el pasado viernes por su hijo Fernando Albareda en el patio de su casa. Fernando, militante de la organización HIJOS, llevó adelante las acciones judiciales contra los responsables de la tortura y muerte de su padre durante la última dictadura.
Raúl González, militante de H.I.J.O.S. Córdoba, comentó en Radio La Torre sobre el asesinato y las amenazas previas que recibió Fernando Albareda. En diciembre de 2023, poco antes de la asunción del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, Fernando encontró carteles en su puerta que decían: "Sos hijo de terrorista, se terminaron los amigos" y "Va a morir".
El día del crimen, Fernando intentó comunicarse con su madre y, al no obtener respuesta, acudió a la casa, donde encontró las ventanas abiertas y los aparatos electrónicos encendidos. Al no poder entrar, pidió ayuda a una vecina para subirse al techo, desde donde vio el cuerpo de su madre en el patio. Inmediatamente llamó al 911 y esperó a la policía.
El crimen se da en un contexto de creciente tensión y discursos de odio reivindicados por el gobierno de Milei y Villarruel. Fernando había logrado el año pasado la reparación del legajo de su padre, que había sido secuestrado, torturado y desaparecido por la patota del D2. Esta reparación incluyó una importante indemnización que generó resentimiento en sectores vinculados a la policía, según González.
Organismos de derechos humanos exigen una investigación exhaustiva del caso, mientras que la comunidad de Córdoba se mantiene conmocionada y en alerta. Raúl González concluyó señalando que, a pesar de la democracia, muchos integrantes de la policía con vínculos con la dictadura permanecieron en sus cargos, perpetuando una cultura de impunidad y violencia.
La exigencia de justicia y esclarecimiento de este brutal asesinato se suma a otras denuncias recientes de ataques y amenazas contra militantes de derechos humanos en Argentina, subrayando la necesidad urgente de proteger a quienes luchan por la memoria, la verdad y la justicia.
