El ajuste en cifras: un informe del CEPA asegura que el Estado nacional perdió más de 68 mil empleos en dos años y medio
La investigadora Julia Rigueiro advirtió sobre el impacto en organismos clave, la prestación de servicios y las capacidades estatales.
Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) encendió una señal de alarma sobre la evolución del empleo público en el país. Según los datos difundidos por la investigadora Julia Rigueiro, desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026 el Estado nacional perdió 68.561 puestos de trabajo, una cifra que representa una reducción cercana al 20% de su planta de personal.
Durante una entrevista con Radio La Torre, Rigueiro explicó que el estudio se elaboró a partir de datos oficiales provenientes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y remarcó que el fenómeno no solo debe analizarse desde la cantidad de trabajadores desvinculados, sino también desde las consecuencias que genera en el funcionamiento del Estado.
La especialista sostuvo que los efectos son especialmente sensibles en las provincias y localidades más pequeñas, donde la presencia de organismos nacionales suele tener un peso determinante tanto en la prestación de servicios como en la generación de empleo formal.
Los organismos más afectados
De acuerdo con el informe, uno de los sectores con mayor cantidad de bajas fue el Correo Argentino, con cerca de 5.500 puestos de trabajo perdidos. Rigueiro señaló que esta situación impacta directamente en tareas esenciales como la distribución de documentación oficial, tarjetas bancarias o incluso la logística electoral.
También mencionó el desmantelamiento de estructuras vinculadas a la comunicación pública, como Télam y Radio Nacional. Aunque en estos casos la cantidad de despidos fue menor que en otros organismos, advirtió que las consecuencias sobre la capacidad estatal de producir y distribuir información fueron significativas.
Entre los organismos más afectados aparecen además:
ARCA (ex AFIP), con alrededor de 3.400 desvinculaciones.
CONICET, con aproximadamente 2.000 bajas.
ANSES, con más de 1.800 puestos eliminados.
Banco Nación, con cerca de 2.400 despidos.
Aerolíneas Argentinas, con unos 2.000 trabajadores menos.
Según la investigadora, estas reducciones afectan áreas estratégicas vinculadas a la recaudación, la fiscalización, la investigación científica, la administración de prestaciones sociales y la prestación de servicios públicos.
El impacto en seguridad y transporte
Rigueiro también expresó preocupación por los recortes registrados en organismos relacionados con la seguridad vial y el transporte.
En ese sentido, afirmó que la Junta de Seguridad en el Transporte perdió alrededor del 50% de su personal, mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Vial sufrió una reducción cercana al 40%.
A su entender, la disminución de recursos humanos en estas áreas puede traducirse en una menor capacidad de control, supervisión y prevención de incidentes, con consecuencias directas para la población.
Una tendencia que, según el informe, podría continuar
Durante la entrevista, la investigadora señaló que la reducción del empleo público mantiene una tendencia sostenida desde el inicio de la actual gestión nacional y consideró que, de acuerdo con los anuncios oficiales y las metas fiscales planteadas por el Gobierno, no existen señales de una reversión en el corto plazo.
Además, advirtió que muchos trabajadores que abandonan el sector público terminan incorporándose a un mercado laboral cada vez más precarizado, especialmente aquellos de mayor edad que encuentran mayores dificultades para reinsertarse laboralmente.
“El proceso de achicamiento más abrupto”
Rigueiro definió la situación como "el proceso de achicamiento de las capacidades estatales más abrupto de los siglos XX y XXI" y sostuvo que, además de los despidos, existe un discurso de desvalorización del empleo público que podría tener consecuencias duraderas sobre la percepción social de las instituciones estatales.
La investigadora concluyó que el desafío futuro no será solamente recuperar puestos de trabajo, sino también reconstruir la confianza de la sociedad en el rol que cumplen los organismos públicos y sus trabajadores.
