Claves. Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: ¿por qué la llaman "ley de extranjerización"?

El proyecto modifica las leyes de expropiaciones, tierras rurales, manejo del fuego y disposiciones sobre desalojos. Qué cambia, quiénes se benefician y por qué distintos sectores advierten que favorece la concentración y la extranjerización del territorio.

Cuando el gobierno presentó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, desde espacios asamblearios y organizaciones sociales comenzaron a advertir que era una Ley de extranjerización de la tierra. El proyecto modifica un conjunto de normativas, entre las cuales se encuentra la Ley de Tierras Rurales que pone un tope a la extranjerización del territorio del país.

No es la primera vez que el Gobierno intenta avanzar sobre esa legislación. El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, conocido como el "mega DNU", derogaba la Ley de Tierras, pero ese artículo quedó suspendido tras diversas presentaciones judiciales. Ahora el oficialismo vuelve sobre el mismo objetivo, aunque esta vez a través de un proyecto de ley.

Según el Gobierno, la iniciativa busca fortalecer la seguridad jurídica y brindar mayores garantías a los propietarios y a quienes "invierten en el país". La defensa de la propiedad privada es solo para los más ricos, con garantías y facilidades a la que la inmensa mayoría no puede acceder. No es lo mismo la propiedad de una vivienda familiar, de un pequeño terreno o de una comunidad que habita y produce un territorio desde hace generaciones que la propiedad concentrada de grandes grupos económicos y fondos de inversión. Para estos últimos, es que el gobierno ofrece herramientas jurídicas para blindar las privatizaciones, habilitar la venta y el uso del territorio y acelerar el desplazamiento de comunidades, todo en un mismo paquete. A continuación las principales claves del proyecto.

Expropiaciones

El primer capítulo del proyecto modifica la Ley Nacional de Expropiaciones (21.499), el régimen que regula en qué casos y bajo qué condiciones el Estado puede adquirir un bien privado cuando existe una causa de utilidad pública.

La expropiación no es una herramienta discrecional del Estado. De hecho, en la actualidad presenta varias restricciones. La propia Constitución Nacional establece que la propiedad es inviolable y que nadie puede ser privado de ella sino en virtud de una sentencia fundada en ley. También dispone que la expropiación sólo puede realizarse por causa de utilidad pública, declarada por ley del Congreso, y mediante una indemnización previa.

Sobre esa base constitucional se sancionó la Ley 21.499, que establece el procedimiento para llevar adelante una expropiación.

El proyecto del Gobierno introduce modificaciones que refuerzan las garantías para los grandes propietarios y restringen aún más la capacidad del Estado de recurrir a esta herramienta. Entre otros cambios, redefine los criterios para declarar la utilidad pública, amplía las posibilidades de cuestionar judicialmente las expropiaciones y dificulta que el Estado tome posesión de un bien antes de que finalicen todos los procesos judiciales.

Estas modificaciones llegan en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei impulsa la privatización de empresas y activos estatales, como AySA. Los cambios no solo dificultan futuras expropiaciones, sino que también elevan los obstáculos a futuro para recuperar empresas, servicios públicos o bienes estratégicos que hayan sido privatizados.

Desalojos más rápidos

El segundo capítulo del proyecto modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para acelerar los procesos de restitución de inmuebles. Para el gobierno, el objetivo es garantizar que los propietarios puedan recuperar más rápidamente la posesión de sus bienes frente a ocupaciones ilegales.

Entre los principales cambios, el proyecto incorpora procedimientos más ágiles para ordenar desalojos, reduce los márgenes procesales para quienes ocupan el inmueble y amplía las facultades de los jueces para disponer la restitución de la propiedad en plazos más breves.

El oficialismo sostiene que estas reformas fortalecen el derecho de propiedad y brindan mayor seguridad jurídica. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, movimientos de inquilinos y especialistas en derecho a la vivienda advierten que, en un contexto de creciente déficit habitacional, los cambios buscan acelerar los desalojos sin que previamente se resuelva la situación social de las familias afectadas.

Según el último Censo Nacional, millones de personas enfrentan problemas de acceso a la vivienda y una parte importante de la población vive en barrios populares, asentamientos o situaciones de tenencia precaria, privadas de toda propiedad. Acelerar los desalojos sin fortalecer las políticas de acceso al hábitat implica privilegiar la protección de especuladores inmobiliarios por sobre el derecho a la vivienda. Junto con la derogación de la ley de alquileres y los mecanismos que ya implementa Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, esta orientación profundiza una problemática estructural que se expresa con el aumento de familias en situación de calle.

Ley de Tierras

La Ley de Tierras Rurales (26.737) fue sancionada en 2011 para limitar la adquisición de tierras por parte de personas y empresas extranjeras.

La ley vigente establece que los extranjeros no pueden superar el 15 % de las tierras rurales del país, fija un límite equivalente al 15 % en cada provincia y municipio y, además, impide que una misma persona o empresa extranjera adquiera más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola —o su equivalente según la productividad de cada región—.

El proyecto del Gobierno elimina todos esos límites.

Si la reforma se aprobara, dejaría de existir un porcentaje máximo de tierras rurales en manos extranjeras y también desaparecerían las restricciones que hoy buscan evitar que una misma empresa o un mismo magnate concentren enormes extensiones del territorio.

El historiador Pablo Volkind, coordinador del Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires, advierte que la legislación actual nunca fue un obstáculo para la inversión extranjera. Según datos del Observatorio, hoy existen más de 13 millones de hectáreas en manos de capitales extranjeros —una superficie equivalente a toda la provincia de Santa Fe—, lo que representa alrededor del 5 % de las tierras rurales del país.

Volkind explica que el verdadero objetivo de la reforma no es resolver una supuesta restricción a las inversiones, sino eliminar las pocas regulaciones que todavía limitan la concentración y extranjerización de la tierra.

La ley actual se conquistó para poner un freno a casos como el Joe Lewis y Lago Escondido. Ya que el gobierno justifica eliminar las restricciones para la llegada de inversiones, vale preguntarse: ¿qué inversiones productivas realizó Joe Lewis que justifiquen el control privado de un lago? ¿Qué beneficios concretos obtuvieron las comunidades de la región? El balance es el contrario. La concentración de la tierra en manos de grandes magnates no se tradujo en desarrollo para la población local, sino en conflictos por el acceso al territorio, el desplazamiento de pobladores y un control casi feudal de extensas superficies, con seguridad privada.

El escenario que plantea el proyecto es de una escala mucho mayor que busca abrir nuevas oportunidades para que magnates y fondos de inversión —desde propietarios de tierras hasta los nuevos gigantes tecnológicos interesados en recursos estratégicos y centros de datos, como Peter Thiel— amplíen su control sobre territorios considerados claves para la soberanía nacional, de la mano con otras iniciativas, como el Super RIGI que les da grandes beneficios fiscales, impositivos, aduaneros y cambiarios.

Pero quizás el aspecto más controvertido de la iniciativa no es solo que fortalezca las garantías para los grandes propietarios sino que lo hace al servicio de EEUU y su avanzada imperialista. Si se aprueba, será más sencillo que grandes extensiones con acceso a ríos, lagos, acuíferos, áreas de frontera o corredores estratégicos como la Hidrovía Paraná-Paraguay queden bajo control de grandes empresarios y fondos internacionales. EEUU no oculta sus intereses por el paso inter oceánico de la Argentina en Tierra del Fuego, por ejemplo, en su disputa geopolítica con China.

Por su parte, Unión por la Patria y Convicción Federal presentaron dictámenes de minoría que, aunque mantienen el límite del 15 % a la extranjerización de las tierras rurales, eliminan el resto de las restricciones previstas por la Ley de Tierras. Es decir, conservan el principal límite cuantitativo, pero flexibilizan otros mecanismos destinados a evitar la concentración de grandes extensiones en manos de un mismo propietario extranjero.

El peronismo no plantea un rechazo de fondo porque, como ocurrió durante el debate por la reforma de la Ley de Glaciares, los gobernadores quieren el control provincial sobre los bienes naturales para ser quienes negocien con los grandes capitales extranjeros su cuota del remate. En ese marco, la discusión gira en torno a cómo regular la entrega, sin cuestionar la concentración de la tierra ni el acceso a los bienes naturales.

De un lado y otro, la propiedad privada de los grandes capitalistas es el principal principio rector, profundizando las dificultades de las grandes mayorías para acceder a la tierra, la vivienda y los bienes comunes naturales.

Manejo del Fuego

El proyecto propone la derogación de los artículos 22 bis y 22 ter de la Ley de Manejo del Fuego (26.815), incorporados en 2020 para desalentar los incendios intencionales con fines inmobiliarios, agropecuarios o especulativos.

La legislación vigente establece que, cuando un bosque nativo, un humedal o un área agrícola resulta afectada por un incendio, durante un determinado período de tiempo 30 o 60 años según el caso, no puede modificarse el destino de esas tierras, lo que se llama “cambios de uso del suelo”. La prohibición busca evitar que el fuego se convierta en un negocio, es decir, quemar un territorio para luego urbanizarlo, ampliar la frontera agropecuaria o desarrollar emprendimientos privados.

El proyecto del gobierno elimina esas restricciones lo que alienta los incendios intencionales. Lo hacen en nombre del “derecho de propiedad”, pero ¿qué tipo de propiedad? La de familias, comunidades y pequeños productores no, al contrario, se ven especialmente desfavorecidos. No es una defensa de la propiedad en general, sino de la de gran propiedad alentando la concentración.

Esta reforma cobra especial relevancia en un país donde los incendios se repiten año tras año en el Delta del Paraná, las sierras de Córdoba, Corrientes y cada vez más feroces en la Patagonia. En muchos de esos casos, organizaciones ambientales y pobladores denunciaron que detrás del fuego existían intereses vinculados a emprendimientos inmobiliarios, ganaderos o extractivos.

La combinación con los cambios en la Ley de Tierras Rurales y desalojos exprés es clave, porque amplía las posibilidades de remate de territorios a privados, sobre áreas de alto valor socioambiental.

Cómo sigue el debate

Tras pasar a un cuarto intermedio, el oficialismo buscará retomar el tratamiento del proyecto en el Senado el 6 de agosto. La sesión estará atravesada por un creciente rechazo social que buscará expresarse con acciones en las calles.

El gobierno ya sufrió un primer revés político. Luego de que la selección argentina venciera a Inglaterra y la bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas" recorriera el mundo, la sesión en el Senado para tratar el proyecto debió postergarse.

Mientras tanto, en distintos puntos del país comenzaron a organizarse asambleas y jornadas de difusión contra el proyecto. En la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones ambientales, territoriales, sindicales y políticas impulsan una concentración frente al Congreso el mismo 6 de agosto, con el objetivo de exigir el rechazo de la iniciativa.

Al mismo tiempo, crecen los cuestionamientos a la conducción de las centrales sindicales por no convocar a un plan de lucha frente al avance de las privatizaciones, el ajuste y las reformas impulsadas por el Gobierno. Por abajo, crece el reclamo por un paro nacional y la realización de asambleas en los lugares de trabajo y estudio para discutir cómo enfrentar el conjunto del programa oficial.

En el plano político, mientras los principales bloques de la oposición concentran su estrategia en la disputa electoral de 2027 y, en algunos casos, acompañan aspectos centrales del proyecto con dictámenes de minoría, la izquierda sostiene que la respuesta debe construirse mediante la movilización. En ese marco, la dirigente del PTS-Frente de Izquierda, Myriam Bregman, convoca a la jornada de protesta del 6 de agosto y llama a fortalecer la organización desde abajo para frenar, no solo esta iniciativa, sino el conjunto de las políticas de privatización y entrega del Gobierno. Los comités por un movimiento de la nueva clase trabajadora se vienen sumando con diferentes iniciativas a esta propuesta. (LID) Por Lihuen Eugenia Antonelli.