
Amenazas en escuelas: advierten que ya no son “bromas” y pueden terminar con expulsión y causas penales
La rectora del colegio IAES y presidenta de la Asociación de Instituciones Educativas Públicas de Gestión Privada Verónica Lanfranchi pidió mayor control familiar y trabajo conjunto.
La creciente preocupación por amenazas de tiroteos en instituciones educativas encendió las alarmas en La Rioja. Verónica Lanfranchi, rectora del colegio IAES y presidenta de la Asociación de Instituciones Educativas Públicas de Gestión Privada, fue contundente: “Esto dejó de ser una broma”.
Según explicó, todas las escuelas —tanto públicas como privadas— se encuentran atravesadas por esta problemática, que ya no puede ser considerada un simple “reto viral”. “Es una situación que pone en zozobra a toda la comunidad educativa: padres, alumnos y docentes”, señaló.
Lanfranchi confirmó que, desde el Ministerio de Educación, junto al Ministerio de Seguridad, se distribuyeron protocolos específicos para actuar ante estas amenazas. Sin embargo, remarcó que el foco no debe estar solo en la reacción, sino en la prevención: “No solo hay que preocuparse, hay que ocuparse”.
En ese sentido, sostuvo que el fenómeno excede el ámbito escolar y responde a un contexto social más amplio: “No es violencia escolar, es una sociedad violenta. Los chicos replican lo que ven en la casa, en la calle, en redes sociales y en los medios”.
La rectora también hizo hincapié en el rol clave de las familias. “Hoy no es fácil ser padre en la era tecnológica. Los chicos manejan redes que muchos adultos desconocen. Es fundamental saber con quiénes interactúan, qué consumen y qué comparten”, advirtió.
Además, alertó sobre los riesgos del entorno digital: desde la exposición de datos personales hasta el contacto con perfiles falsos. “Muchos chicos no saben quién está del otro lado. Puede haber adultos con otras intenciones”, indicó.
En cuanto a las consecuencias, Lanfranchi fue clara: cualquier amenaza —aunque parezca un “chiste”— puede derivar en sanciones severas. “Esto es punible penalmente. Hay consecuencias legales y también institucionales”, afirmó. Incluso, explicó que los establecimientos pueden aplicar medidas extremas como la expulsión del alumno.
Respecto a los casos registrados, confirmó que al menos dos instituciones de gestión privada ya realizaron denuncias, aunque aclaró que también hay episodios en escuelas estatales. “Esto no distingue entre lo público y lo privado, es un problema de toda la sociedad”, subrayó.
Finalmente, insistió en la necesidad de un abordaje integral: “La solución es trabajar juntos: escuela, familia y la comunidad. Si no cambiamos como sociedad, esto va a seguir creciendo”.

